Jeremías Zúñiga: Algo no está bien
Algo no está bien
Cuando el servidor público responsable de decidir qué políticas públicas se implementarán en materia de seguridad, combate a la pobreza, educación, desarrollo económico, salud, deporte, protección civil, campo y pesca, infraestructura, turismo, así como todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida, el progreso y bienestar de la población, incumple con su deber legal y es denunciado por las dependencias encargadas de fiscalizar los recursos públicos e investigar la función pública, debido al desvío de miles de millones de pesos, lo cual provocó: el incremento de la violencia, la desaparición de personas, secuestros, homicidios, pobreza, deserción escolar, desempleo, pérdida de la producción agroalimentaria, deterioro en la salud de los ciudadanos, destrucción del tejido social al grado de generar desesperanza en la población, pero como castigo sólo recibe el escarnio público y una condena que se equipara a la extensión de su período de gobierno, y posteriormente sin tener que trabajar podrá vivir en la abundancia, con lujos y placeres; es entonces cuando debemos hacer un alto y analizar qué no está funcionando en el sistema de justicia o quienes intervienen para que no funcione el sistema de impartición de justicia.
Cuando alcaldes, titulares de organismos autónomos, secretarios de despacho, gobernadores, el presidente o cualquier otro funcionario terminan su mandato con grandes fortunas y su única fuente de ingresos ha sido la del servicio público, y no pasa nada; se emite un mensaje de invitación a la corrupción, lo cual condena a todos los habitantes de una nación a vivir en el caos, la pobreza y la desesperanza, porque es altamente probable que otros servidores públicos actúen igual confiados que la impunidad y el sistema político los protegerán. Para conocer quien se ha enriquecido a costa del erario público sólo se requiere saber sumar, restar, dividir y multiplicar, así como conocer el monto de las percepciones económicas de los servidores públicos y contrastarlo con su nivel de vida. A través de un análisis financiero de ingresos y egresos se puede saber cuáles servidores públicos son corruptos, porque el servicio público paga para llevar un ritmo de vida de clase media hasta un nivel máximo de clase media alta, sin embargo de manera legal y honesta es imposible volverse millonario con esta única fuente de ingresos. Por tanto, todo aquel funcionario y servidor público que tengan residencias, aviones privados, cuentas en el extranjero, obras de arte, joyería exclusiva, así como lujos que discrepen de sus ingresos es altamente probable que se haya enriquecido de forma ilícita. Quien quiera ser millonario que sea empresario, no funcionario.
El caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte
El principal beneficio para Javier Duarte como imputado al haber optado por el juicio abreviado del sistema de justicia oral adversarial es la disminución de la pena, esto debido a que el procesado aceptó declararse culpable y al haberle evitado el juicio al estado podrá solicitar la reducción de hasta la mitad de la pena mínima por los delitos dolosos. Sin embargo, de acuerdo al espíritu de la reforma este procedimiento no debió ser avalado por el fiscal y aplicado al exgobernador por el tipo de delitos que conllevan una conducta dolosa, la cual causó agravios generalizados a toda la población, toda vez que la pena debe ser acorde al tipo de conducta realizada, y en el caso del exgobernador al incumplir con su deber legal y actuar en contra de los intereses generales de sus gobernados, debió ser procesado sin ningún tipo de beneficio, debido a que sus acciones provocaron afectaciones generalizadas y en algunos casos los efectos serán desde prolongados hasta permanentes.
Por tanto, los fiscales del caso Duarte no debieron conceder este procedimiento abreviado que beneficia con claridad y contundencia únicamente al exgobernador, generando un nuevo agravio la sociedad, sólo que ahora de efectos nacionales, el de la pérdida de la confianza en el sistema de justicia. Porque al haberse declarado culpable reconoció el dolo en todas sus conductas y por la naturaleza de los delitos al no haber reparación del daño los veracruzanos continuarán agraviados por un sistema de justicia que los dejó en estado de indefensión. Hay que señalar que el exgobernador sólo aprovechó los beneficios que le concedieron los fiscales del caso, la pregunta es ¿por qué le concedieron estos beneficios a Javier Duarte? Porque legalmente debieron negar este procedimiento abreviado que no procuró justicia a los veracruzanos.
Por consiguiente, si queremos hacer de México un país donde prevalezca el estado de derecho para que haya justicia, es necesario acabar con la negociación política en los juicios. El mensaje dado a todos los mexicanos y en particular a los veracruzanos ha sido como aquella frase que se le adjudica a Juarez “A los amigos justicia y gracia. A los enemigos la ley a secas”, aunque en una interpretación actual quedaría “a los amigos y cómplices justicia y gracia; a los enemigos y adversarios políticos todo el peso de la ley y un poco más; y a los ciudadanos la aplicación de la ley a secas”.
Dr. Jeremías Zúñiga Mezano
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