LIBRE DE HUMO

La reforma política, un nuevo México[i]

La discusión sobre las leyes secundarias (la letra chiquita como le dicen coloquialmente) de las reformas constitucionales son materia de gran análisis y debate. Hay mucha tela de dónde cortar y hemos analizado previamente lo referente a la reforma electoral, dejando para ésta ocasión el impacto de cómo nuestros legisladores han creado un nuevo modelo de Estado. Les ofrezco hacer mi mejor esfuerzo de resumen ante tantas cosas qué decir.

Lo primero y más debatido tiene que ver con la rendición de cuentas y la impartición de justicia en nuestro sistema. Por un lado, promueve el ejercicio de la transparencia, la autonomía de algunos entes federales, la participación ciudadana y sobre todo, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la persecución del delito. Suena muy ambicioso, pero en lo personal estoy de acuerdo en buscar metas altas con indicadores claros de evaluación para ver cómo vamos.

En lo referente a la transparencia y a la rendición de cuentas, ya se habían analizado las bondades de la reelección de las autoridades y de los legisladores. Añada usted a esa lista la aprobación de la Ley de la Consulta Popular y la reciente promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, aspecto sumamente trascendente porque unifica los 33 códigos que había en el país y homologa los criterios para el desahogo de los juicios penales. Piso parejo para todos en todos lados. Un gran avance, sin duda alguna.

Aún con éste notorio avance, lo que sigue siendo un lastre en todo el territorio nacional es la atención, acción pero sobre todo la resolución de los Ministerios Públicos (MP). Tan sólo decir las palabras Ministerio Público, implica pensar en pérdida de tiempo, burocracia a todo lo que da, no efectividad en la denuncia que has levantado, libertad para los delincuentes, y un sinfín de irregularidades y malos comentarios. Desde Los Pinos y en coordinación con el pleno legislativo, por fin se han dado cuenta de esta situación y han decidido darle nuevas facultades, profesionalizar a los Agentes del MP y delimitar su actuación.

Se cambiará a la actual Procuraduría General de la República por una nueva Fiscalía General de la República (esto será efectivo hasta el 1° de diciembre de 2018). ¿Qué diferencia hay entre una Fiscalía y una Procuraduría? Primero que nada pasa a ser un órgano autónomo –ya no dependería del Gobierno Federal– y su principal función será la de organizar, capacitar y actualizar a los Agentes del MP de manera eficiente. El nuevo Fiscal será nombrado por el Senado de la República tras un proceso de selección riguroso, durará en el cargo nueve años (por aquello de las políticas públicas a mediano y largo plazo), rendirá un Informe Anual a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y podrá ser removido por órdenes del Ejecutivo, aunque el Senado podría objetar esa decisión con las dos terceras partes de su pleno. Entre otros aspectos relevantes.

Otro aspecto político que esta nueva legislación promueve es la posibilidad de crear Gobiernos de Coalición. ¿Con qué objeto? En lo personal creo que solamente lo pusieron para quedar bien con los organismos internacionales como la ONU, OECD, OEA, etc., pues suena realmente improbable que un Gobierno emanado de un partido político cual sea, esté dispuesto a compartir su jugoso botín con las demás fuerzas políticas. Con ello se busca abatir el argumento de la no compatibilidad en objetivos y políticas públicas de un gobierno en funciones con el cuerpo legislativo (más común cuando el Presidente en turno no tiene mayoría en los Congreso). Suena bonito, pero difícil de materializar en nuestra democracia.

En la actualidad el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el encargado de medir y catalogar la pobreza en nuestro país. A pesar de muchos esfuerzos, se mantiene la posibilidad de “maquillar cifras” y no poder marcar directrices diversas a las dictadas por la SEDESOL. Esta nueva legislación, dota de autonomía al CONEVAL y con ello se da un paso importantísimo para cuantificar realmente el fenómeno de la desigualdad en México, proponer estrategias efectivas y hacer observaciones a las políticas sociales federales y estateles para la redistribución del ingreso.

Como lo dice el título de ésta entrega, estos cambios implican que viviremos en nuevo México. ¿Mejor o peor? No lo sé, pues la probabilidad de que estos cambios funcionen es exactamente la misma a que no funcionen. Sin embargo, estoy seguro que de seguir con el actual sistema y por el mismo rumbo que hemos transitado las últimas décadas, no llegaremos más lejos de lo hasta ahora alcanzado. Se están tropicalizando esquemas que han demostrado su efectividad en otras partes del mundo. Destaco que todo éste esfuerzo será en vano sin la participación real y decidida de los ciudadanos. Los invito a que hagamos nuestra parte y así esperemos resultados positivos para todos.

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